Pedir perdón

Señoras, señores: Antes de comenzar quiero solicitarles a todos ustedes nos pongamos de pie, para guardar un minuto de silencio en honor y memoria de las mujeres víctimas en Ciudad Juárez.
…
Gracias.

Monseñor Juan José Gerardi, Obispo guatemalteco y defensor de derechos humanos, dijo: “Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar”.

Fue la búsqueda de la verdad y el afán de justicia lo que provocó que estemos reunidos aquí, el día de hoy.

Las agresiones sistemáticas sufridas por las mujeres, desde hace años, particularmente en esta región del país, es una preocupación constante de toda la sociedad mexicana; es un llamado de atención que debemos atender, y es lo que nos trajo hasta el Campo Algodonero de Ciudad Juárez.

Los feminicidios en Ciudad Juárez son hechos trágicos para todo el Estado Mexicano; lamentamos profundamente las pérdidas que sufrieron las familias y la sociedad.
Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrara Monreal fueron víctimas de la situación generalizada de violencia hacia las mujeres, al igual que muchas otras jóvenes fallecidas.

Sus familiares y personas allegadas también fueron afectados en su integridad psíquica y moral como consecuencia de la desaparición, el desconocimiento de su paradero durante periodos considerables de tiempo, la falta de debida investigación sobre lo ocurrido, así como por el tratamiento que recibieron por parte de las autoridades.
Al momento en que los restos mortales fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar y las evidencias materiales de los hechos, lo cual obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales.

Los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron de igual forma al retraso en las indagaciones para encontrar a los responsables de su muerte.

El Estado Mexicano es consciente del sufrimiento que causa a los familiares de las víctimas el hecho de que hasta el momento, no se haya identificado a los responsables de los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos.

También, el Estado Mexicano es sabedor de los agravios causados, por el hecho de que al inicio de las investigaciones, los familiares no fueron informados puntualmente de las indagatorias y de las diligencias que las autoridades llevaban a cabo para identificar y ubicar a los responsables.
Está aquí con nosotros la mamá de Merly Elizabeth. También quiero pedirle un disculpa a nombre del Estado.

El Estado Mexicano, consciente de sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales suscritos, pero sobre todo de sus deberes con la ciudadanía, asume su responsabilidad ante estos hechos lamentables y se hace cargo del deber de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las familias y al mismo tiempo trabajar para seguir construyendo una cultura de respeto hacia las mujeres, y a contribuir a que las causas que originaron las agresiones en su contra, en todos los niveles y especialmente las que derivan en feminicidios.

Si bien, sabemos que no hay forma posible de reparación total por los años de lucha, incertidumbre, hostigamiento y zozobra que estas familias han pasado buscando justicia y la verdad de lo que ocurrió con sus hijas, el propósito del Estado Mexicano, en este acto, es ayudar a estas familias a iniciar una nueva etapa de reconstrucción, la cual sólo puede llegar de la mano con la verdad y la transparencia respecto a lo sucedido.

Este acto es el medio por el cual, el Gobierno Mexicano rinde homenaje y dignifica la vida y memoria de Claudia Ivette, Laura Berenice, Esmeralda y de todas las víctimas de feminicidio, reconociendo sus errores como Estado y ratificando el compromiso de que continuará avanzando hacia la rectificación de dichos errores. En noviembre de 2001 fueron encontrados, en este lugar, las jóvenes que hoy honramos. Durante estos 10 años, y aun antes, el Estado en su conjunto, ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos. Es por ello que, el día de hoy, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, el Estado Mexicano reconoce su responsabilidad:

* Por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
Por el incumplimiento de su deber de investigar y, con ello, el de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagradas en la Convención Americana en relación con la Convención Belem do Pará, violando además los derechos de acceso a la justicia y protección judicial.

* Por la violación al deber de no discriminación contenido en la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.

* Por la violación a los derechos del niño en perjuicio de las jovencitas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

* Por las violaciones al derecho de la integridad personal y por los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares de las víctimas.

* Por las irregularidades presentes en las primeras etapas de las investigaciones de los delitos y aquellas que en la segunda etapa no se subsanaron debidamente y que redundaron en impunidad a favor de quienes perpetraron los delitos que dieron origen a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado Mexicano reconoce que, derivado de las irregularidades antes referidas, se afectó la integridad psíquica y dignidad de los familiares de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Es por todo esto que reconocemos la responsabilidad por todos esos actos y omisiones, que nunca debieron tener lugar, porque fueron actos de violencia, discriminación e irresponsabilidad del Estado Mexicano en su conjunto, cuya consecuencia fueron la pérdida de vidas humanas y la devastación de familias enteras. Por ello, ¡pedimos perdón!

Tenemos la obligación de investigar estos delitos y no nos referimos sólo a los feminicidios, sino también a las inconsistencias, errores y actos de negligencia cometidos por los servidores públicos a cargo de las investigaciones. Asimismo, debemos llevar a cabo, y de hecho ya iniciamos, las acciones necesarias para que actos deleznables, como los que ahora conmemoramos, no vuelvan a suceder. Desde la prevención del delito, la educación con enfoque de respeto a las mujeres y a los derechos humanos, hasta la capacitación de todas las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia para atender debidamente casos como los que hoy nos convocan.

En este acto, también reconocemos la labor incansable de los familiares de las víctimas, sus abogados y las organizaciones que los acompañaron durante este proceso de búsqueda de justicia, porque nunca han cejado en su empeño, acudiendo a las instituciones, nacional e internacionales, hasta ser escuchados en sus justas demandas.

Consideramos que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una herramienta sumamente útil, que orienta a los gobiernos y a la sociedad en general, respecto a las acciones necesarias para atender debidamente a las víctimas de feminicidios y de los delitos en general. El precedente establecido, debe ser materia de estudio en todas las escuelas de derecho de nuestro país.

Señoras y señores, la realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común.

El poder debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del Derecho, no sólo contra las trasgresiones de los particulares, sino particularmente contra toda desviación o abuso del poder.

Señoras, señores: Hagamos todo lo necesario para que, honrar la memoria de Esmeralda, Laura Berenice, Claudia Ivette y de todas las mujeres que fallecieron en Juárez, se traduzca en beneficio de las mujeres de nuestro México y de toda la América.

Discurso pronunciado el 7 de noviembre de 2011 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Campo Algodonero contra México".

Derechos Humanos para todas y todos

México, D.F., 26 de septiembre de 2011.

Señoras y Señores Ministros integrantes de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Atendiendo a lo dispuesto por el primero de los artículos de nuestra Constitución Política, que nos impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, me veo en la necesidad y urgencia de acudir a ustedes, en lo personal y como servidor público, para manifestar mi profunda preocupación en torno al contenido de los proyectos propuestos por el Ministro José Fernando Franco González Salas para resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, mismas que pronto habrán de ser discutidas en el Pleno del alto órgano jurisdiccional que ustedes integran.

Estoy convencido que el Estado Mexicano debe apostar por una ampliación plena de la vigencia de los derechos humanos. El manto protector debe extenderse lo más posible para proteger a todas y todos. No es la primera vez, y tampoco será la última, que se debate respecto a estos límites.

En el siglo XVI, había quienes tenían argumentos para negar a los nativos americanos sus derechos elementales, por considerarlos inferiores. En los debates de la Junta de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria marcaron la ruta a los defensores de los derechos humanos. Aunque el tema no quedó plenamente resuelto en aquellas reuniones de 1550 y 1551, ahora nadie pone en duda, al menos en el discurso, los derechos de los indígenas.

Las discusiones respecto a la esclavitud nos han llevado a considerar el valor del ser humano y a que en nuestros tiempos, la comunidad internacional la reconozca como un crimen de lesa humanidad. La discusión no ha sido fácil. Siempre hubo quienes tuvieron argumentos para sostener el dominio de una persona sobre otra. Aún hoy, tenemos a quienes justifican la trata de personas.

Las luchas a favor de los derechos civiles y políticos, particularmente las que se realizaron contra el apartheid en Sudáfrica y Namibia, así como las encabezadas por Martin Luther King en los Estados Unidos de América, nos muestran hasta donde puede llegar el desprecio por la dignidad humana en situaciones que ahora consideramos absurdas, pero que en su momento fueron férreamente sostenidas en los debates jurídicos y políticos.

La sumisión de las mujeres respecto a los hombres ha quedado plasmada en diversas disposiciones jurídicas. Ejemplos tenemos muchos. En México, fue hasta 1953 que se les reconoció el derecho a votar y ser votadas. Diversas legislaciones civiles limitaban la disposición plena de sus derechos y con frecuencia, se requería del consentimiento del hombre de la familia. Este es un tema en el que se ha avanzado, y se debe seguir avanzando.

Ahora, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pronunciarse respecto al alcance de la protección de los derechos humanos y definir con claridad si reconoce los derechos de los seres humanos no nacidos, o si se inclina por restringirlos, o de plano negarlos.

El Estado mexicano debe seguir una clara política de ampliación de derechos. Así nos lo pide el artículo primero de la Constitución, cuando establece que todas las autoridades, todas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está incluida, debemos interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En los razonamientos del proyecto planteado por el Ministro Franco González Salas se afirma que nuestra Constitución Federal equipara los vocablos "persona", "individuo" y "ser humano". Considero que esa primera conclusión es correcta.

No obstante lo anterior, el proyecto del Ministro Franco hace malabares argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se encuentran en el vientre de sus madres, no son seres humanos.

Son seres humanos los ancianos. Son seres humanos las personas maduras. Son seres humanos los jóvenes. Son seres humanos los adolescentes. Son seres humanos los niños en edad escolar y preescolar. Son seres humanos los recién nacidos. Son seres humanos los niños que completaron su periodo de gestación y están a punto de nacer. Son seres humanos los pequeños que están en el periodo de embarazo de sus madres. Son seres humanos los fetos humanos. Es un ser humano la mórula humana y por supuesto, es ser humano el cigoto humano. ¡No puede ser de otra manera!

Se es o no se es. Aquí no hay duda, estamos hablando de un ser, y ese ser, es un ser humano, que posee una dignidad intrínseca y que es sujeto de derechos. De derechos humanos.

Nuestra Constitución reconoce los derechos de los seres humanos y los defiende. Así, las instituciones responsables de garantizar la vigencia de esos derechos, deben defenderlos, y el primero de esos derechos es el de la vida. Sin vida, no se pude gozar de ninguno de los otros derechos.

El principal problema del proyecto que propone el Ministro Franco estriba en la contraposición absoluta de derechos. Cuando existen derechos que se contraponen, el reto está en buscar la mejor forma de hacerlos compatibles, hasta donde sea posible. La opción fácil es anular uno de los derechos en beneficio absoluto del otro. En el caso que nos ocupa, la salida que se propone, se traduce en institucionalizar un "derecho" para matar seres humanos, cuando cualquier persona considere que la vida de un ser humano no nacido se contrapone a sus derechos personales. Y esto, va mucho más allá que el debatido tema del aborto.

Hay un reclamo de la sociedad mexicana para promover todos los derechos para todas y todos. El proyecto planteado, está muy lejos de cumplir con esas expectativas.

Me preocupa también el lenguaje y los conceptos que se manejan en el proyecto. Hay una intención clara de ver a los seres humanos no nacidos como bienes, como si fueran cosas. Me alarma la visión tan reducida que se tiene del concepto de maternidad y la ignorancia absoluta a los derechos y obligaciones que conlleva la paternidad. Me inquieta que se haga un análisis de la normatividad internacional de manera limitada y parcial. México no ha asumido ningún compromiso internacional que lo obligue a establecer políticas públicas para matar seres humanos no nacidos.

Tampoco aprecio en el proyecto propuesto una definición clara respecto al federalismo que queremos. El artículo 124 de nuestra Constitución señala con claridad que la reserva de facultades corresponde a los estados. Las definiciones de persona y sus atributos, corresponden al derecho de los estados. No hay argumentación clara que nos lleve a concluir que ese concepto deba estar definido, con todos sus alcances, en la Constitución Federal.

Además, el proyecto carece de un análisis claro y completo respecto a los alcances de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto de San José. No debemos olvidar, que derivado de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, las disposiciones contenidas en los tratados internacionales, forman parte de la normatividad que protege a los seres humanos.

Poner las condiciones para que un Estado se organice para matar a seres humanos no nacidos e institucionalizar el dominio de los fuertes sobre los débiles, es una invitación a la barbarie.

Siempre habrá pretextos de los fuertes para someter o eliminar a los débiles. Corresponde al Estado proteger a los indefensos. Un Estado democrático de derecho debe ser una herramienta útil para que las mayorías no priven de derechos a las minorías y que el fuerte no abuse del débil.

Un Estado responsable debe optar por el respeto a la vida de todas y todos. Ojalá que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se opte a favor de la vida humana y por seguir ampliando el manto protector de los derechos humanos.

Con la consideración a su alta investidura, me reitero como siempre a sus órdenes.

Felipe de Jesús Zamora Castro.

Nota: Este documento fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de septiembre de 2011 y se hizo público, mediante un desplegado, en el periódico El Universal el día 27 del mismo mes y año.