Derechos Humanos para todas y todos

México, D.F., 26 de septiembre de 2011.

Señoras y Señores Ministros integrantes de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Atendiendo a lo dispuesto por el primero de los artículos de nuestra Constitución Política, que nos impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, me veo en la necesidad y urgencia de acudir a ustedes, en lo personal y como servidor público, para manifestar mi profunda preocupación en torno al contenido de los proyectos propuestos por el Ministro José Fernando Franco González Salas para resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, mismas que pronto habrán de ser discutidas en el Pleno del alto órgano jurisdiccional que ustedes integran.

Estoy convencido que el Estado Mexicano debe apostar por una ampliación plena de la vigencia de los derechos humanos. El manto protector debe extenderse lo más posible para proteger a todas y todos. No es la primera vez, y tampoco será la última, que se debate respecto a estos límites.

En el siglo XVI, había quienes tenían argumentos para negar a los nativos americanos sus derechos elementales, por considerarlos inferiores. En los debates de la Junta de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria marcaron la ruta a los defensores de los derechos humanos. Aunque el tema no quedó plenamente resuelto en aquellas reuniones de 1550 y 1551, ahora nadie pone en duda, al menos en el discurso, los derechos de los indígenas.

Las discusiones respecto a la esclavitud nos han llevado a considerar el valor del ser humano y a que en nuestros tiempos, la comunidad internacional la reconozca como un crimen de lesa humanidad. La discusión no ha sido fácil. Siempre hubo quienes tuvieron argumentos para sostener el dominio de una persona sobre otra. Aún hoy, tenemos a quienes justifican la trata de personas.

Las luchas a favor de los derechos civiles y políticos, particularmente las que se realizaron contra el apartheid en Sudáfrica y Namibia, así como las encabezadas por Martin Luther King en los Estados Unidos de América, nos muestran hasta donde puede llegar el desprecio por la dignidad humana en situaciones que ahora consideramos absurdas, pero que en su momento fueron férreamente sostenidas en los debates jurídicos y políticos.

La sumisión de las mujeres respecto a los hombres ha quedado plasmada en diversas disposiciones jurídicas. Ejemplos tenemos muchos. En México, fue hasta 1953 que se les reconoció el derecho a votar y ser votadas. Diversas legislaciones civiles limitaban la disposición plena de sus derechos y con frecuencia, se requería del consentimiento del hombre de la familia. Este es un tema en el que se ha avanzado, y se debe seguir avanzando.

Ahora, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pronunciarse respecto al alcance de la protección de los derechos humanos y definir con claridad si reconoce los derechos de los seres humanos no nacidos, o si se inclina por restringirlos, o de plano negarlos.

El Estado mexicano debe seguir una clara política de ampliación de derechos. Así nos lo pide el artículo primero de la Constitución, cuando establece que todas las autoridades, todas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está incluida, debemos interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En los razonamientos del proyecto planteado por el Ministro Franco González Salas se afirma que nuestra Constitución Federal equipara los vocablos "persona", "individuo" y "ser humano". Considero que esa primera conclusión es correcta.

No obstante lo anterior, el proyecto del Ministro Franco hace malabares argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se encuentran en el vientre de sus madres, no son seres humanos.

Son seres humanos los ancianos. Son seres humanos las personas maduras. Son seres humanos los jóvenes. Son seres humanos los adolescentes. Son seres humanos los niños en edad escolar y preescolar. Son seres humanos los recién nacidos. Son seres humanos los niños que completaron su periodo de gestación y están a punto de nacer. Son seres humanos los pequeños que están en el periodo de embarazo de sus madres. Son seres humanos los fetos humanos. Es un ser humano la mórula humana y por supuesto, es ser humano el cigoto humano. ¡No puede ser de otra manera!

Se es o no se es. Aquí no hay duda, estamos hablando de un ser, y ese ser, es un ser humano, que posee una dignidad intrínseca y que es sujeto de derechos. De derechos humanos.

Nuestra Constitución reconoce los derechos de los seres humanos y los defiende. Así, las instituciones responsables de garantizar la vigencia de esos derechos, deben defenderlos, y el primero de esos derechos es el de la vida. Sin vida, no se pude gozar de ninguno de los otros derechos.

El principal problema del proyecto que propone el Ministro Franco estriba en la contraposición absoluta de derechos. Cuando existen derechos que se contraponen, el reto está en buscar la mejor forma de hacerlos compatibles, hasta donde sea posible. La opción fácil es anular uno de los derechos en beneficio absoluto del otro. En el caso que nos ocupa, la salida que se propone, se traduce en institucionalizar un "derecho" para matar seres humanos, cuando cualquier persona considere que la vida de un ser humano no nacido se contrapone a sus derechos personales. Y esto, va mucho más allá que el debatido tema del aborto.

Hay un reclamo de la sociedad mexicana para promover todos los derechos para todas y todos. El proyecto planteado, está muy lejos de cumplir con esas expectativas.

Me preocupa también el lenguaje y los conceptos que se manejan en el proyecto. Hay una intención clara de ver a los seres humanos no nacidos como bienes, como si fueran cosas. Me alarma la visión tan reducida que se tiene del concepto de maternidad y la ignorancia absoluta a los derechos y obligaciones que conlleva la paternidad. Me inquieta que se haga un análisis de la normatividad internacional de manera limitada y parcial. México no ha asumido ningún compromiso internacional que lo obligue a establecer políticas públicas para matar seres humanos no nacidos.

Tampoco aprecio en el proyecto propuesto una definición clara respecto al federalismo que queremos. El artículo 124 de nuestra Constitución señala con claridad que la reserva de facultades corresponde a los estados. Las definiciones de persona y sus atributos, corresponden al derecho de los estados. No hay argumentación clara que nos lleve a concluir que ese concepto deba estar definido, con todos sus alcances, en la Constitución Federal.

Además, el proyecto carece de un análisis claro y completo respecto a los alcances de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto de San José. No debemos olvidar, que derivado de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, las disposiciones contenidas en los tratados internacionales, forman parte de la normatividad que protege a los seres humanos.

Poner las condiciones para que un Estado se organice para matar a seres humanos no nacidos e institucionalizar el dominio de los fuertes sobre los débiles, es una invitación a la barbarie.

Siempre habrá pretextos de los fuertes para someter o eliminar a los débiles. Corresponde al Estado proteger a los indefensos. Un Estado democrático de derecho debe ser una herramienta útil para que las mayorías no priven de derechos a las minorías y que el fuerte no abuse del débil.

Un Estado responsable debe optar por el respeto a la vida de todas y todos. Ojalá que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se opte a favor de la vida humana y por seguir ampliando el manto protector de los derechos humanos.

Con la consideración a su alta investidura, me reitero como siempre a sus órdenes.

Felipe de Jesús Zamora Castro.

Nota: Este documento fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de septiembre de 2011 y se hizo público, mediante un desplegado, en el periódico El Universal el día 27 del mismo mes y año.

Ingeniosa solución… ¡Despenalizar!

Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado correcta la despenalización del aborto, me permito hacer unas propuestas “muy serias”, que podrían ayudar a la sociedad mexicana a resolver algunos de sus graves problemas actuales.

Comencemos por los "ajustes de cuentas" entre delincuentes. Si. Me refiero a las matazones que vemos en los medios de comunicación casi todos los días, con decapitados y mutilados. Esos en los que ponen letreros con mensajes, clavados en el torso del difunto con un picahielo.

No cabe duda que este es un problema muy grave. Podemos ayudar a solucionarlo si despenalizamos los asesinatos que se den en la variante de “ajuste de cuentas”.

Es muy importante aclarar que al despenalizar los “ajustes de cuentas”, de ninguna manera estamos obligando a nadie a que los realice. Sería descabellado pensar que mediante la propuesta que ahora se está haciendo, se pretenda realizar una invitación para que cualquiera pueda organizar sus orgías de sangre. ¡De ninguna manera!, solamente se pretende dar la oportunidad para que la realicen aquellos que tengan razones justificadas para ello. Ninguna persona estará obligada a recurrir a esas medidas.

Puedo afirmar con certeza que todos estamos de acuerdo en que los “ajustes de cuentas” son actos que no se deben de dar en una sociedad civilizada, y que se deben tomar providencias para que en la medida de lo posible, nunca sea necesario llegar a esos límites; sin embargo, dado el caso, es mejor reconocer la realidad.

Ante esa evidente realidad, resulta conveniente dotar a nuestra sociedad de instrumentos jurídicos para regular aquellos casos en que algún sujeto se vea obligado a recurrir a medida tan extrema.

Existen buenas razones para hacerlo:

• Se buscaría atender a un principio de igualdad y justicia. Que ante la posibilidad de un “ajuste de cuentas”, ninguno se encuentre en desventaja. Es necesario que los “pobres” que requieran acudir a esta medida cuenten con los mismos recursos que los “ricos”, que tienen acceso a toda clase de armas.
• Es una medida que conviene a la sociedad. Mediante herramientas jurídicas podemos provocar que de forma ordenada, los delincuentes, que tanto daño nos hacen, se eliminen entre ellos mismos.
• Al no considerar los “ajustes de cuentas” como delito, automáticamente se nivelarán las malas estadísticas que tanto nos desprestigian.

Como comentario al margen, debemos dejar claro que esta es una medida que corresponde decidir únicamente a nuestras autoridades legislativas, por lo que no debemos permitir la opinión de ningún moralista que pretenda imponernos sus opiniones personales. Esa idea de que está prohibido matar, corresponde a una imposición religiosa. No olvidemos que hemos insistido que estas medidas no obligan a nadie. Si hay alguien que en su fuero interno está convencido de que para él resulta una conducta mala realizar un “ajuste de cuentas”, no está forzado a hacerlo.

Ya que andamos en estas, despenalicemos el secuestro. No olvidemos que aquellos que secuestran consiguen mejores oportunidades económicas para ellos y sus familias. ¿Por qué negarles ese derecho?

También deberíamos despenalizar el tráfico de drogas. Todos, sin importar edades ni condición tienen derecho a su “viaje”. Que ningún anticuado pretenda imponernos su forma de vida y de pensar. El que no esté de acuerdo, no tiene porque entrarle.

En el mismo sentido, podemos despenalizar el robo de autopartes. Si algún mocho considera que robar es malo, no se le puede presionar para que lo haga.

Es hora de quitar sanciones al hecho de conducir alcoholizado. ¡Fuera el alcoholímetro!, ¿por qué razón otro sujeto, por muy autoridad que sea, puede restringirme mi derecho a conducir en la forma que yo quiera?. Deben de entender que al quitar esta restricción, de ninguna manera se le pide a los abstemios que se emborrachen.

Hay que abolir las multas por no traer el cinturón de seguridad. El único afectado por no utilizarlo sería el omiso mismo. ¿Creen que los conductores son unos tarados que no pueden decidir por si mismos?, el que quiera seguir utilizando los cinturones, lo puede seguir haciendo. La medida no obligará a nadie a conducir desamarrado.

Hay que despenalizar las violaciones y la pederastia. Los robos y los fraudes. Las lesiones y los asesinatos. Reconozcamos la libertad de cada quien. Nadie tiene derecho a imponer a otro el pesado fardo de la moral. Por supuesto, tengamos cuidado en no convertir en obligatorias esas conductas, sino dejarlas a la decisión de cada cual.

Quitemos las penas para el parricidio y el infanticidio. Que se aumente el tiempo en el que se pueden realizar abortos legales. ¿Por qué limitarlo a 12 semanas?, al fin y al cabo ya está claro que nuestra Corte Suprema avaló el derecho de las madres para matar a sus hijos.

Hasta aquí la propuesta. Disculpe usted por tanto disparate y absurdo. Solo pretendo tratar de argumentar que la LEY también debe ser una herramienta para orientar el camino que nos lleve a la construcción de una sociedad ordenada y justa. Si hay algo que consideramos como no deseado, debemos dejar muy clara la señal.

Despenalizar, a tontas y a locas, es salir por la puerta falsa.

(Versión adaptada de un correo electrónico que envié en abril de 2007 a una conocida analista de política, que en un programa de televisión defendía la despenalización del aborto).

En el Distrito Federal se experimenta con mujeres

El gobierno de la Ciudad de México utiliza a mujeres como conejillos de Indias. Abusan de su situación de infortunio para experimentar con medicamentos que no han sido autorizados para lo que se están empleando.

Estas autoridades no comprenden el concepto de "dignidad de la persona humana". Les cuesta trabajo entender que a las personas se les debe respetar, simple y sencillamente, por el solo hecho de ser personas. Esa falta de conciencia los lleva incluso a alardear, como si fuera un gran logro, que en la capital del país se experimenta con sus mujeres.
 
Vamos a los hechos. El 24 de mayo de 2007 compareció el Secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb ante la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A ese momento ya había entrado en vigor la legislación que concede "derecho" a las mujeres para matar a sus hijos no nacidos, antes de la semana 12 de su gestación.
 
Al Secretario de Salud, se le llenaba la boca al señalar que para esa fecha, ya había 215 mujeres que atendiendo a las facilidades que les daba el gobierno del Distrito Federal, habían abortado a sus hijos no deseados.
 
Durante la comparecencia, una diputada le preguntó al Secretario cuánto costaba un aborto en el Distrito Federal. Mondragón y Kalb contestó textualmente lo siguiente:
 
"¿Cuánto cuesta el embarazo, perdón, la interrupción del embarazo? Vamos a entender que hay varios procedimientos para interrumpir el embarazo, no todo es el famoso legrado, no es el legrado, se está trabajando inclusive con un medicamento, Misoprostol, que nos está, se han dado ya experiencias estupendas, pero creo que México va a ser un pionero en la investigación y en el estudio del Misoprostol, que puede tratar prácticamente a la gran mayoría de las personas que quieren interrumpir el embarazo antes de las 9 semanas". Luego continuó dando algunas cifras sobre los costos de los abortos.
 
En palabras llanas, lo que el Secretario Mondragón dijo, es que en la ciudad de México se está utilizando a las mujeres para experimentar los efectos del Misoprostol como medicamento abortivo.
 
El Misoprostol, conocido con el nombre comercial de Cytotec, fue aprobado por la FDA de los Estados Unidos el 27 de diciembre de 1988 como un medicamento para atender padecimientos gástricos, y está contraindicado en el caso de mujeres embarazadas. No ha sido formalmente autorizado como un medicamento abortivo seguro, para las mujeres que lo consuman.
 
Cuando una mujer se ve orillada a tomar la decisión de abortar a su hijo, debe ser considerada como una víctima de la situación que sufre. En la ciudad de México se abusa de esa condición, para utilizar a esas mujeres como sujetos de experimentación.
 
En el gobierno del Distrito Federal, ya se está haciendo costumbre aprovecharse de las víctimas. En los casos de los abortos "legalizados", la principal víctima es el ser no nacido. En lugar de considerarlo como tal, se le culpa de la situación, y como consecuencia, se procede a matarlo.
 
Ahora resulta que Mondragón y Kalb, el que presume como uno de sus principales logros ser verdugo de niños no nacidos; el mismo que instrumentó lo necesario para experimentar medicamentos abortivos con las mujeres de la ciudad; pretende encargarse de buscar que la Policía del Distrito Federal dé trato de personas a las víctimas, cuando debe considerársele como un victimario, experto en atentar en contra de los más inocentes.
 
¿Será un funcionario capaz de entender el valor de un ser humano?
 
Entendernos como personas humanas hará más fácil que el poder del gobierno sirva para proteger a las víctimas, y que no se utilice para aplastarlas. Literalmente.

Escrito en julio de 2008.

La vida, ¿no vale nada?

Seguimos en la carrera contra la cultura de la muerte. Todos los días somos testigos de la guerra, el terrorismo, los ajustes de cuentas del narcotráfico, las ejecuciones de mujeres, el hambre, enfermedades perfectamente curables, la eutanasia, los abortos y las píldoras que matan.

La humanidad se sigue manchando las manos de sangre en los tiempos en que supuestamente hemos avanzado en materia de respeto a los derechos humanos.

Como siempre, la mayoría de las víctimas son los más vulnerables. Los pobres, los ancianos y los no nacidos. Cualquier pretexto se considera válido para calificarlos de indeseables... Y lo que sigue es su eliminación. ¡Su muerte!

No nos sorprende que los humanos nos sigamos matando entre hermanos. Nos persigue la sombra de Caín. Lo que da rabia es ver cómo las instituciones del Estado, que deberían ser las primeras en proteger a los más débiles, muchas veces son las primeras en tomar las medidas necesarias para asesinar inocentes.

Lamentablemente, en México no estamos excluidos de la estupidez que desprecia el valor de la vida humana. El Constituyente Permanente, supuestamente por suprimir la pena de muerte de nuestra Constitución, está en vías de dejarla sin un reconocimiento expreso al primero de los derechos. Así, en México no habrá pena de muerte pero tampoco derecho a la vida.

El tema más reciente es el de la píldora de Frenk, la discusión más absurda de los últimos años. Un debate en el que no se quieren escuchar razones. Los defensores de la píldora reclaman una discusión científica sobre el tema, pero son los primeros en pretender ocultar la información sobre el “tercer efecto”, con la que se demuestra que ese “medicamento” priva de la vida a un ser humano en los casos en que impide la implantación de un óvulo fecundado en el endometrio de su madre.

Todos somos seres humanos con derecho a la vida. No importa que seamos ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, bebés, bebés neonatos, bebés no natos, fetos, embriones o cigotos. Independientemente de la etapa de desarrollo en que nos encontremos, no dejamos de tener la esencia humana y la correspondiente dignidad que merece todo el respeto.

Los promotores de la cultura de la muerte están avanzando. Han logrado adormecer la sensibilidad de la sociedad sobre los temas que implican un reconocimiento al valor de la vida humana. Tenemos que trabajar para posicionar fuertemente la idea de que el ser humano debe ser respetado desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural.

Los avances científicos en la medicina y en la genética nos demuestran que desde el momento en que se fusionan un óvulo y un espermatozoide existe un ser humano distinto e individual. Desde ese momento tenemos una persona con un destino espiritual y material que cumplir.

Las generaciones futuras nos reclamarán el grado de estupidez al que hemos llegado, al ver la forma en que matamos a los no nacidos. Mientras tanto, por acción u omisión, seguirán muriendo seres humanos inocentes.

Aunque a algunos les valga, la vida humana vale.

Artículo publicado en el número 2251 de la revista La Nación. 2005.