Carta a Mondragón y Kalb

Señor Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal:

En una entrevista que se publicó en el periódico Reforma del 5 de octubre de 2008, usted señaló que requería de la ciudadanía para que le dijéramos dónde están los problemas de la policía y los casos de corrupción, para que pudiera darse cuenta de cómo están funcionando las cosas.

Atendiendo a su llamado, con el debido respeto me permito expresarle algunas de mis preocupaciones. Solo le pido que no descalifique a priori mi crítica.

En primer lugar, es importante recordar que como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, una de sus principales obligaciones consiste en preservar las libertades, el orden y la paz públicos. En su persona, esa responsabilidad toma especial relevancia, puesto que el Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión. Así las cosas, usted tiene sobre sus hombros el deber de garantizar las condiciones necesarias para que las instituciones en que se deposita el funcionamiento democrático del país trabajen, sin amenazas ni presiones indebidas.

En la Ciudad de México, es muy grande la tentación de utilizar la fuerza policiaca para servir a intereses de grupos políticos. No podemos olvidar aquellos tiempos, no muy lejanos, en que la policía del Distrito Federal se utilizaba para proteger los campamentos vacíos que se habían instalado sobre Paseo de la Reforma, con el pretexto de que se estaba garantizando la libertad de manifestación.

De ninguna manera pedimos represión. Usted tiene el deber de respaldar el derecho a la manifestación libre de las ideas y de las diferencias; pero cuidando siempre que no se afecten los derechos de los demás, y que tampoco se altere el funcionamiento de las instituciones.

Se anuncian tiempos difíciles. El Congreso de la Unión habrá de decidir en fechas próximas sobre temas trascendentes para la Nación. Ya se escuchan las amenazas de aquellos que, a la mala, quieren impedirlo. ¿Estará la Secretaría de Seguridad Pública a la altura de su responsabilidad?

Por otra parte, un asunto que denota corrupción del sistema es el llamado “Plan SP3”. Los datos conocidos indican que hubo manejo de recursos públicos para orquestar un engaño mediático. El gobierno del Distrito Federal anunció que un primer resultado de ese plan, era la detención de los asesinos del jovencito Fernando Martí. Pero por mas que busco, hasta el momento no he encontrado quien me confirme su existencia. El dichoso “Plan” ni siquiera aparece en la página de Internet del gobierno del Distrito Federal.

Señor Mondragón, explíquenos: ¿En qué consiste ese “Plan SP3”?, ¿Cuándo se aprobó?, ¿Quiénes son los responsables de instrumentarlo?, ¿Con qué partidas presupuestales se sustenta?, ¿De verdad existe o solamente fue un acto sucio de precampaña?, ¿El Secretario de Seguridad Pública es parte de ese jueguito?

También me inquieta el lenguaje ambiguo del gobierno del Distrito Federal en relación con su participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La falta de una coordinación plena con el gobierno Federal podría ser una grave irresponsabilidad. En la guerra que se está librando en contra de la delincuencia organizada, es hora de escuchar definiciones claras. ¿Están o no en la misma lucha que el gobierno del Presidente Felipe Calderón?, ¿De qué lado están?

Por último, no puedo dejar de mencionar mi preocupación en relación con las políticas que se definirán para proteger a las víctimas inocentes del delito. ¿Existirá protección especial para ellas? Tengo la percepción de que el gobierno, del que usted forma parte, no aprecia a cabalidad el valor de la persona humana. No puedo sacar de mi mente que ustedes consideran correcto acabar con “los problemas” matándolos, textualmente. Si no se tientan el corazón para privar de la vida a bebés indefensos, ¿Qué podemos esperar los demás?, ¿Habrá un cambio de actitud?

De buena voluntad expreso estos comentarios, con el ánimo de aportar ideas al debate, deseando, por el bien de todos, que usted tenga éxito en su encomienda.


Dinamitar los cimientos

Las autoridades perredistas del Distrito Federal se han propuesto dinamitar los cimientos de la estructura social. Allí van, paso a pasito, minando los fundamentos de una sociedad justa y ordenada.

Al cúmulo de aberraciones que nos han impuesto, ahora tenemos que sumar la ocurrencia absurda del “divorcio por capricho”. Conforme a las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en vigor a partir del 4 de octubre de 2008, la única causal para la disolución del vínculo es “la voluntad de no querer continuar con el matrimonio” de cualquiera de los cónyuges. Es decir, basta con un simple antojo.

Los legisladores del PRD y otros que sirvieron de comparsa para aprobar esta sandez, 36 en total, rehuyeron el debate jurídico. No atendieron a los más elementales razonamientos que se plantearon por los diputados que se oponían a la estupidez.

Su único argumento consistía en alegar que debemos ser “concientes de la realidad”. Pedían reconocer que hay muchos que quieren divorciarse y que recurren al fraude procesal para lograrlo. Así, para evitar que las partes hicieran trampa en sus juicios, decidieron que era mejor quitar las reglas. Nadie podrá hacer chapuza, sin no hay preceptos que violar o requisitos que cumplir. ¿No era mejor aclarar las normas o poner mejores árbitros?

El actuar de estos legisladores se traduce en la capitulación del Estado en su lucha por ordenar a la sociedad. Es la salida falsa de aceptar y legalizar las deficiencias, en lugar de buscar opciones para corregirlas.

Con la lógica del gobierno del Distrito Federal no hay seguridad jurídica para nadie. Si bajo cualquier pretexto consideras que un hijo te estorba, los perredistas legislan para que puedas matarlo. Si te molesta ver a tu esposa despeinda por las mañanas, ya cuentas con diputados que te aprueban leyes para que la mandes a volar.

El “divorcio por capricho” no solo atenta contra la institución de la familia como célula básica de la sociedad. Va en contra de los principios fundamentales del derecho. Lesiona la tesis del “pacta sunt servanda”, puesto que ya nadie está obligado a cumplir sus compromisos, aún y cuando esté en posibilidad de hacerlo. Así, basta la voluntad unilateral para deshacer cualquier acuerdo. Ahora, ni siquiera puedes confiar en el papelito.

En el Distrito Federal, el matrimonio no tiene defensa. Durante el proceso no hay posibilidad de argumentar a favor del vínculo. En sentido estricto no hay un juicio. Además, la legislación es expresa en señalar que la declaración de la disolución del vínculo matrimonial es inapelable.

Disparatadas paradojas. Los que se dicen protectores de los desamparados promueven la ley de la selva; en la que siempre gana el más fuerte, el más poderoso, el más rico. Tristemente seremos testigos de los abusos que se cometerán, principalmente, en perjuicio de mujeres y niños.

Es hora de marcar un alto. Los ciudadanos en el Distrito Federal debemos organizarnos para detener el avance del deterioro social. Trabajar para levantar el tiradero que estos irresponsables están dejando.

 

Maquío: ¿Por qué la democracia?


El primero de octubre de mil novecientos ochenta y nueve falleció Manuel J. Clouthier del Rincón, nuestro admirado Maquío, uno de los pilares en la construcción de la estructura democrática en México.

No obstante que es identificado como “sembrador de la democracia” por la semilla que supo plantar, quizá sea más importante su labor de cultivo, puesto que realizó, sin escatimar esfuerzos y sacrificios, las labores necesarias para que también fructificara el germen dejado por otros. Al fin y al cabo, buen agricultor.

Como homenaje a Manuel Clouthier, transcribimos el discurso que pronunció el veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, durante su campaña por la Presidencia de México, en el Centro Cívico de Ciudad Satélite en el Estado de México.

Le dejamos la palabra a Maquío:

Hace algunos años los enemigos de Acción Nacional llamaron a los panistas “místicos de la democracia”, pretendían con ello ridiculizar el énfasis que en nuestra doctrina y programa ponemos en la necesidad de que la estructura del poder en México se sustente en el sufragio efectivo.

Hace unos días un influyente hombre de negocios, que tiene el poder suficiente para entrar subrepticiamente, sin tocar la puerta a nuestras casas, que nos disputa la tarea educativa de nuestros hijos, que irrumpe en la privacidad de nuestras alcobas e induce nuestros hábitos de consumo, dijo que su empresa televisiva era del PRI y que yo, como empresario debía regresarme a dirigir mis negocios y dejar la política.

Tanto los críticos de antaño como los opinantes de hogaño, no comprenden el ser y quehacer de la lucha política por la democratización del país.

¿Por qué la democracia?

Permítanme apuntar dos razones:

I.- Superioridad moral.

Es muy conocida la frase de Winston Churchill que identificó al sistema democrático como el peor con excepción de todos los demás.

Esta afirmación ingeniosa no es sino el reconocimiento de la superioridad moral del régimen democrático como forma de gobierno.

Esta preminencia se finca en el reconocimiento de que si bien, como toda obra humana, la democracia tiene imperfecciones, es le instrumento más acabado para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos y la orientación de la actividad política al servicio del bien común.

De aquí se desprende la segunda razón.

II.- Proporciona dignidad a la autoridad.

Dice Enrique Krauze en ya célebre ensayo “por una democracia sin adjetivos” que la función de la democracia no es producir divisas, sino dignidad.

En efecto, sólo es digno el poder que procede de la soberanía popular, a través de un proceso electoral limpio y justo. Sólo es digna la autoridad respaldada en un consenso ciudadano amplio y respetuoso de la pluralidad.

Si la autoridad es digna será respetada y depositaria de la confianza de los gobernados.

Y si hay respeto y confianza entre el que dirige y manda y sus subordinados, hay inversión, trabajo productivo y desarrollo social.

Cuando la autoridad no es digna, el poder se ejerce mediante corrupción, miedo y represión. Obviamente, en estas condiciones el progreso se dificulta.

Apoyados en estas razones, los hombres de Acción Nacional estamos dando una nueva batalla por la democratización del país, sabedores de que la reconstrucción del país ha de comenzar por darnos un régimen con categoría moral y autoridades políticas dignas.

Este es el sentido de esta batalla en 1988. Los mexicanos estamos obligados en este proceso político a conquistar la democracia, porque sin ella la nación pondrá en riesgo su viabilidad.

Son tan grandes y graves los retos demográficos, económicos, sociales y culturales de nuestra nación que sólo una autoridad digna, producto de la democracia, podrá conducir al país hacia su solución satisfactoria.

Sin democracia el futuro del país es incierto.

Pero esta conquista de la democracia no es sólo tarea de los partidos y los candidatos, es ante todo, deber de los ciudadanos.

A ello vengo a invitarlos. No pido sólo su voto, pido algo más, trabajo y organización, para que el próximo 6 de julio al conquistar la democracia salvemos al futuro.