Pedir perdón




Señoras, señores: Antes de comenzar quiero solicitarles a todos ustedes nos pongamos de pie, para guardar un minuto de silencio en honor y memoria de las mujeres víctimas en Ciudad Juárez.

Gracias.



Monseñor Juan José Gerardi, Obispo guatemalteco y defensor de derechos humanos, dijo: “Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar”.

Fue la búsqueda de la verdad y el afán de justicia lo que provocó que estemos reunidos aquí, el día de hoy.


Las agresiones sistemáticas sufridas por las mujeres, desde hace años, particularmente en esta región del país, es una preocupación constante de toda la sociedad mexicana; es un llamado de atención que debemos atender, y es lo que nos trajo hasta el Campo Algodonero de Ciudad Juárez.


Los feminicidios en Ciudad Juárez son hechos trágicos para todo el Estado Mexicano; lamentamos profundamente las pérdidas que sufrieron las familias y la sociedad.
Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrara Monreal fueron víctimas de la situación generalizada de violencia hacia las mujeres, al igual que muchas otras jóvenes fallecidas.


Sus familiares y personas allegadas también fueron afectados en su integridad psíquica y moral como consecuencia de la desaparición, el desconocimiento de su paradero durante periodos considerables de tiempo, la falta de debida investigación sobre lo ocurrido, así como por el tratamiento que recibieron por parte de las autoridades.
Al momento en que los restos mortales fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar y las evidencias materiales de los hechos, lo cual obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales.


Los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron de igual forma al retraso en las indagaciones para encontrar a los responsables de su muerte.


El Estado Mexicano es consciente del sufrimiento que causa a los familiares de las víctimas el hecho de que hasta el momento, no se haya identificado a los responsables de los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos.


También, el Estado Mexicano es sabedor de los agravios causados, por el hecho de que al inicio de las investigaciones, los familiares no fueron informados puntualmente de las indagatorias y de las diligencias que las autoridades llevaban a cabo para identificar y ubicar a los responsables.
Está aquí con nosotros la mamá de Merly Elizabeth. También quiero pedirle un disculpa a nombre del Estado.


El Estado Mexicano, consciente de sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales suscritos, pero sobre todo de sus deberes con la ciudadanía, asume su responsabilidad ante estos hechos lamentables y se hace cargo del deber de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las familias y al mismo tiempo trabajar para seguir construyendo una cultura de respeto hacia las mujeres, y a contribuir a que las causas que originaron las agresiones en su contra, en todos los niveles y especialmente las que derivan en feminicidios.


Si bien, sabemos que no hay forma posible de reparación total por los años de lucha, incertidumbre, hostigamiento y zozobra que estas familias han pasado buscando justicia y la verdad de lo que ocurrió con sus hijas, el propósito del Estado Mexicano, en este acto, es ayudar a estas familias a iniciar una nueva etapa de reconstrucción, la cual sólo puede llegar de la mano con la verdad y la transparencia respecto a lo sucedido.


Este acto es el medio por el cual, el Gobierno Mexicano rinde homenaje y dignifica la vida y memoria de Claudia Ivette, Laura Berenice, Esmeralda y de todas las víctimas de feminicidio, reconociendo sus errores como Estado y ratificando el compromiso de que continuará avanzando hacia la rectificación de dichos errores. En noviembre de 2001 fueron encontrados, en este lugar, las jóvenes que hoy honramos. Durante estos 10 años, y aun antes, el Estado en su conjunto, ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos. Es por ello que, el día de hoy, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, el Estado Mexicano reconoce su responsabilidad:

* Por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
Por el incumplimiento de su deber de investigar y, con ello, el de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagradas en la Convención Americana en relación con la Convención Belem do Pará, violando además los derechos de acceso a la justicia y protección judicial.


* Por la violación al deber de no discriminación contenido en la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.


* Por la violación a los derechos del niño en perjuicio de las jovencitas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.


* Por las violaciones al derecho de la integridad personal y por los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares de las víctimas.


* Por las irregularidades presentes en las primeras etapas de las investigaciones de los delitos y aquellas que en la segunda etapa no se subsanaron debidamente y que redundaron en impunidad a favor de quienes perpetraron los delitos que dieron origen a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado Mexicano reconoce que, derivado de las irregularidades antes referidas, se afectó la integridad psíquica y dignidad de los familiares de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.


Es por todo esto que reconocemos la responsabilidad por todos esos actos y omisiones, que nunca debieron tener lugar, porque fueron actos de violencia, discriminación e irresponsabilidad del Estado Mexicano en su conjunto, cuya consecuencia fueron la pérdida de vidas humanas y la devastación de familias enteras. Por ello, ¡pedimos perdón!


Tenemos la obligación de investigar estos delitos y no nos referimos sólo a los feminicidios, sino también a las inconsistencias, errores y actos de negligencia cometidos por los servidores públicos a cargo de las investigaciones. Asimismo, debemos llevar a cabo, y de hecho ya iniciamos, las acciones necesarias para que actos deleznables, como los que ahora conmemoramos, no vuelvan a suceder. Desde la prevención del delito, la educación con enfoque de respeto a las mujeres y a los derechos humanos, hasta la capacitación de todas las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia para atender debidamente casos como los que hoy nos convocan.


En este acto, también reconocemos la labor incansable de los familiares de las víctimas, sus abogados y las organizaciones que los acompañaron durante este proceso de búsqueda de justicia, porque nunca han cejado en su empeño, acudiendo a las instituciones, nacional e internacionales, hasta ser escuchados en sus justas demandas.


Consideramos que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una herramienta sumamente útil, que orienta a los gobiernos y a la sociedad en general, respecto a las acciones necesarias para atender debidamente a las víctimas de feminicidios y de los delitos en general. El precedente establecido, debe ser materia de estudio en todas las escuelas de derecho de nuestro país.


Señoras y señores, la realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común.


El poder debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del Derecho, no sólo contra las trasgresiones de los particulares, sino particularmente contra toda desviación o abuso del poder.


Señoras, señores: Hagamos todo lo necesario para que, honrar la memoria de Esmeralda, Laura Berenice, Claudia Ivette y de todas las mujeres que fallecieron en Juárez, se traduzca en beneficio de las mujeres de nuestro México y de toda la América.




Discurso pronunciado el 7 de noviembre de 2011 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Campo Algodonero contra México".

Derechos Humanos para todas y todos

México, D.F., 26 de septiembre de 2011.

Señoras y Señores Ministros integrantes de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Atendiendo a lo dispuesto por el primero de los artículos de nuestra Constitución Política, que nos impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, me veo en la necesidad y urgencia de acudir a ustedes, en lo personal y como servidor público, para manifestar mi profunda preocupación en torno al contenido de los proyectos propuestos por el Ministro José Fernando Franco González Salas para resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, mismas que pronto habrán de ser discutidas en el Pleno del alto órgano jurisdiccional que ustedes integran.

Estoy convencido que el Estado Mexicano debe apostar por una ampliación plena de la vigencia de los derechos humanos. El manto protector debe extenderse lo más posible para proteger a todas y todos. No es la primera vez, y tampoco será la última, que se debate respecto a estos límites.

En el siglo XVI, había quienes tenían argumentos para negar a los nativos americanos sus derechos elementales, por considerarlos inferiores. En los debates de la Junta de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria marcaron la ruta a los defensores de los derechos humanos. Aunque el tema no quedó plenamente resuelto en aquellas reuniones de 1550 y 1551, ahora nadie pone en duda, al menos en el discurso, los derechos de los indígenas.

Las discusiones respecto a la esclavitud nos han llevado a considerar el valor del ser humano y a que en nuestros tiempos, la comunidad internacional la reconozca como un crimen de lesa humanidad. La discusión no ha sido fácil. Siempre hubo quienes tuvieron argumentos para sostener el dominio de una persona sobre otra. Aún hoy, tenemos a quienes justifican la trata de personas.

Las luchas a favor de los derechos civiles y políticos, particularmente las que se realizaron contra el apartheid en Sudáfrica y Namibia, así como las encabezadas por Martin Luther King en los Estados Unidos de América, nos muestran hasta donde puede llegar el desprecio por la dignidad humana en situaciones que ahora consideramos absurdas, pero que en su momento fueron férreamente sostenidas en los debates jurídicos y políticos.

La sumisión de las mujeres respecto a los hombres ha quedado plasmada en diversas disposiciones jurídicas. Ejemplos tenemos muchos. En México, fue hasta 1953 que se les reconoció el derecho a votar y ser votadas. Diversas legislaciones civiles limitaban la disposición plena de sus derechos y con frecuencia, se requería del consentimiento del hombre de la familia. Este es un tema en el que se ha avanzado, y se debe seguir avanzando.

Ahora, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pronunciarse respecto al alcance de la protección de los derechos humanos y definir con claridad si reconoce los derechos de los seres humanos no nacidos, o si se inclina por restringirlos, o de plano negarlos.

El Estado mexicano debe seguir una clara política de ampliación de derechos. Así nos lo pide el artículo primero de la Constitución, cuando establece que todas las autoridades, todas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está incluida, debemos interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En los razonamientos del proyecto planteado por el Ministro Franco González Salas se afirma que nuestra Constitución Federal equipara los vocablos "persona", "individuo" y "ser humano". Considero que esa primera conclusión es correcta.

No obstante lo anterior, el proyecto del Ministro Franco hace malabares argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se encuentran en el vientre de sus madres, no son seres humanos.

Son seres humanos los ancianos. Son seres humanos las personas maduras. Son seres humanos los jóvenes. Son seres humanos los adolescentes. Son seres humanos los niños en edad escolar y preescolar. Son seres humanos los recién nacidos. Son seres humanos los niños que completaron su periodo de gestación y están a punto de nacer. Son seres humanos los pequeños que están en el periodo de embarazo de sus madres. Son seres humanos los fetos humanos. Es un ser humano la mórula humana y por supuesto, es ser humano el cigoto humano. ¡No puede ser de otra manera!

Se es o no se es. Aquí no hay duda, estamos hablando de un ser, y ese ser, es un ser humano, que posee una dignidad intrínseca y que es sujeto de derechos. De derechos humanos.

Nuestra Constitución reconoce los derechos de los seres humanos y los defiende. Así, las instituciones responsables de garantizar la vigencia de esos derechos, deben defenderlos, y el primero de esos derechos es el de la vida. Sin vida, no se pude gozar de ninguno de los otros derechos.

El principal problema del proyecto que propone el Ministro Franco estriba en la contraposición absoluta de derechos. Cuando existen derechos que se contraponen, el reto está en buscar la mejor forma de hacerlos compatibles, hasta donde sea posible. La opción fácil es anular uno de los derechos en beneficio absoluto del otro. En el caso que nos ocupa, la salida que se propone, se traduce en institucionalizar un "derecho" para matar seres humanos, cuando cualquier persona considere que la vida de un ser humano no nacido se contrapone a sus derechos personales. Y esto, va mucho más allá que el debatido tema del aborto.

Hay un reclamo de la sociedad mexicana para promover todos los derechos para todas y todos. El proyecto planteado, está muy lejos de cumplir con esas expectativas.

Me preocupa también el lenguaje y los conceptos que se manejan en el proyecto. Hay una intención clara de ver a los seres humanos no nacidos como bienes, como si fueran cosas. Me alarma la visión tan reducida que se tiene del concepto de maternidad y la ignorancia absoluta a los derechos y obligaciones que conlleva la paternidad. Me inquieta que se haga un análisis de la normatividad internacional de manera limitada y parcial. México no ha asumido ningún compromiso internacional que lo obligue a establecer políticas públicas para matar seres humanos no nacidos.

Tampoco aprecio en el proyecto propuesto una definición clara respecto al federalismo que queremos. El artículo 124 de nuestra Constitución señala con claridad que la reserva de facultades corresponde a los estados. Las definiciones de persona y sus atributos, corresponden al derecho de los estados. No hay argumentación clara que nos lleve a concluir que ese concepto deba estar definido, con todos sus alcances, en la Constitución Federal.

Además, el proyecto carece de un análisis claro y completo respecto a los alcances de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto de San José. No debemos olvidar, que derivado de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, las disposiciones contenidas en los tratados internacionales, forman parte de la normatividad que protege a los seres humanos.

Poner las condiciones para que un Estado se organice para matar a seres humanos no nacidos e institucionalizar el dominio de los fuertes sobre los débiles, es una invitación a la barbarie.

Siempre habrá pretextos de los fuertes para someter o eliminar a los débiles. Corresponde al Estado proteger a los indefensos. Un Estado democrático de derecho debe ser una herramienta útil para que las mayorías no priven de derechos a las minorías y que el fuerte no abuse del débil.

Un Estado responsable debe optar por el respeto a la vida de todas y todos. Ojalá que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se opte a favor de la vida humana y por seguir ampliando el manto protector de los derechos humanos.

Con la consideración a su alta investidura, me reitero como siempre a sus órdenes.

Felipe de Jesús Zamora Castro.

Nota: Este documento fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de septiembre de 2011 y se hizo público, mediante un desplegado, en el periódico El Universal el día 27 del mismo mes y año.

Mujeres y hombres, el tema de la equidad.


Amigas y amigos todos sean ustedes bienvenidos, bienvenidas al foro “La Igualdad de Género en la Segob. Un espacio de rendición de cuentas”.

Antes que nada permítanme transmitirles un saludo del Secretario de Gobernación, el Lic. José Francisco Blake Mora, en cuya representación acudo esta mañana con ustedes.

Quiero agradecerle a Laura Carera la organización de este foro y, sobre todo, por darle seguimiento a los trabajos de la Unidad de Género de la Segob. También agradecemos a Ana María su presencia, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por su reflexión.

Sin lugar a dudas la situación de la mujer en México debe estar en el centro de la reflexión, sobre nuestra seguridad nacional. Eso no lo debemos de olvidar, debemos tenerlo claro en nuestra conformación de políticas públicas.

Y también a Julia agradecerle especialmente la presentación del Manual del Lenguaje no sexista. Sin dudas, la palabra refleja nuestro pensamiento y el pensamiento es el preámbulo de nuestras acciones, por ello debemos pensar mejor para hablar mejor y en consecuencia actuar mejor.

En la concepción del Derecho romano de la equidad ésta se presentaba como un opuesto a lo que es propiamente el derecho; en la actualidad, la equidad es considerada como un elemento del derecho positivo y como un criterio para la interpretación y la aplicación de la ley. Ya no es un principio extraño.

La equidad ya no está en conflicto con el derecho.

Para muchos la equidad es la expresión de la idea de la justicia no encerrada dentro de los límites del derecho positivo, sino en su esfera y su acepción más alta. Al respecto, Castán ha definido la equidad como el criterio de determinación y valoración que busca la adecuación de las normas y de las decisiones judiciales a los imperativos de la ley natural y de la justicia, en forma tal que permita dar a los casos concretos de la vida un sentido flexible y humano, no rígido y formalista”

Recordamos el ejemplo que exponía la Notaria Sara Elisa Ortega Garnica, con motivo de la conmemoración del Año de la Equidad en 2003, respecto que, en su momento, la Ley Electoral de Poderes Federales sólo reconocía a los varones el derecho al voto, aún cuando el Artículo 34 Constitucional le daba el carácter de ciudadanas. Este acto de injusticia y desigualdad quedó resarcido en 1953 con el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres.
Así, la equidad como elemento fundamental del derecho positivo mexicano, consagrado en nuestra Constitución, quedó claro que debía prevalecer por encima de aquellas normas que aún adolecían de un enfoque inequitativo.

La igualdad formal implica que la ley en su texto proteja a todas las personas sin distinción, y requiere que esta protección sea igualmente accesible para todas las personas en la situación descrita por la norma jurídica mediante los actos de aplicación individuales de esa ley.

El derecho a la igual protección de la ley significa que ésta no puede ser aplicada de manera distinta a personas en situaciones similares pero también que la ley no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones diferentes.

Un ejemplo de los avances en materia de equidad, es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que en su artículo 6º nos señala que: La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

La equidad de género en políticas públicas es una estrategia en la que se establecen mecanismos de compensación para lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades, acceso equivalente a los recursos, beneficios y servicios del Estado, alcanzando de este modo una distribución equilibrada de poder.

La igualdad sustantiva es la igualdad de hecho o material y supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

Es así como en el Gobierno Federal promovemos una cultura de equidad de género, entendida como la plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida civil, cultural, económica, política y social del país, así como la erradicación de todas las formas de discriminación por motivos de sexo.

Debemos tener muy claro que se viola el derecho a la igualdad cuando se niega o se limita el acceso de la mujer a la toma de decisiones y al poder político en igualdad de derechos y oportunidades con el hombre; se viola el derecho a la equidad cuando se da un trato discriminatorio en la legislación, en la políticas públicas y también en los tribunales.

Para terminar con estas prácticas tenemos todos los que estamos aquí el deber de trabajar en reformas con especial énfasis en los derechos humanos de las mujeres, promoviendo nuevas leyes y reformando las existentes en todos los ámbitos: en el penal, en el civil, el administrativo y en los derechos procesales, en todas las normas destinadas a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer en todas las formas y en todas las expresiones.

Sin embargo la labor legislativa no es la única en la que debemos avanzar. Paralelamente con ese proceso, es necesario continuar desarrollando programas de difusión y de educación para toda la población.

Debemos enfatizar en la existencia y el alcance de los derechos de las mujeres ante la ley, pues sólo a través de este conocimiento estaremos avanzando hacia la eliminación de la discriminación contra la mujer, así como en un proceso de concientización de los hombres, de todas las edades, sobre la importancia de reconocer y respetar los derechos de todas las mujeres.

Y esto no se trata de un juego de suma cero en el que para lograr mejorar el bienestar de las mujeres se debe disminuir el de los hombres, sino que una mayor equidad de género mejorará el bienestar general.

En esta búsqueda de la equidad de género no se debe adoptar una posición que enfrente a hombres y mujeres, sino que los hombres pueden y deben colaborar y trabajar conjuntamente para lograr una equidad de género en los diferentes ámbitos de la vida social, política y económica.

Una de las principales formas de lograr la equidad de género es el empoderamiento de la mujer. En la actualidad, la mayoría de las posiciones laborales que implican tomar decisiones que tienen que ver con las asignaciones de recursos, la mayoría de los gerentes, la mayoría de los mandos medios de empresas y en la administración pública y aún en puestos políticos, están ocupados por hombres.

Como cualquier cambio social, los que se dan en las relaciones de género desafían formas tradicionales de poder, por ello estos cambios pueden generar resistencias.

Es por ello que los planteamientos sobre género deben ser flexibles y definidos para cada contexto. Es importante que estos cambios incorporen tanto los intereses comunes, concordantes o divergentes, de mujeres y hombres.

La promoción de la equidad de género es eficaz y facilita los cambios sociales cuando se abordan todos los niveles: diálogo político, desarrollo institucional y relaciones entre organizaciones básicas como la familia. Estas acciones, de acuerdo a objetivos perseguidos, reducirían las inequidades como la brecha de género en la educación o en la representación política.

Es importante considerar que las concepciones relacionadas con los géneros no sólo cambian con el tiempo, sino que cambian entre las diferentes culturas. Es decir, en un mismo momento, podemos encontrar en diferentes países o aún en diferentes regiones de nuestro propio país, mayor o menor inequidad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, el hecho de que las concepciones sociales cambien con el tiempo y entre las culturas, plantea el desafío de contribuir al cambio social y cultural para lograr que se eliminen esas barreras que aún existen.

Es preciso reconocer expresamente y valorar equitativamente el trabajo de la mujer, pues la misma realiza múltiples funciones y responsabilidades que contribuyen de manera muy importante en el desarrollo socioeconómico de los países.

De ahí la necesidad de incorporar su participación en los programas de ajuste y desarrollo social; asegurándole condiciones equitativas de trabajo, que le permitan gozar de sus derechos humanos en el campo laboral.

Amigos y amigas todos:

Si bien es cierto que el reciente avance significativo en la condición jurídica de las mujeres en México ha otorgado una mayor igualdad de derechos y consolidación de sus derechos humanos, aún no alcanzamos la garantía del pleno respeto y disfrute de los derechos humanos de las mujeres.

Aún es necesario desarrollar amplios programas de promoción y divulgación de esos derechos. Necesitamos fortalecer estos derechos, generar más convenios y crear más leyes en la materia, pues estos son mecanismos que permiten poner fin a la discriminación.

El Estado tiene la responsabilidad primordial de promover y garantizar la protección de los derechos humanos, entre ellos la igualdad y equidad, especialmente de las mujeres.

Es imprescindible sensibilizar a toda la sociedad y en especial a las instancias que intervienen en la elaboración y promulgación de leyes que todos los actos violatorios de los derechos de las mujeres constituyen un agravio a sus derechos humanos. A partir de ello podremos avanzar hacia una nueva legislación más equitativa, que respete, proteja y garantice la efectividad de los derechos humanos sin discriminación alguna.

Es necesario eliminar todo vestigio de discriminación, por pequeño e intrascendente que pudiera parecer. Por eso, hombres y mujeres tenemos que asumir seriamente el compromiso de trabajar juntos en la construcción y consolidación de un mundo más equitativo y humanizado, donde ambos sexos gocemos plenamente y sin discriminación de los derechos humanos.

La evolución de las leyes en los últimos años y el cumplimiento de los anhelos de la sociedad en torno de la equidad de género y de oportunidades de todos los ciudadanos es indudablemente un logro de la equidad frente a la injusticia.

Antes de concluir quiero destacar la labor especialmente de las legisladoras de nuestro Congreso de la Unión y de todas aquellas mujeres que desde la sociedad civil hacen posibles estos cambios.

Estos cambios son necesarios para la consolidación de una nación democrática e incluyente como la que queremos.

Muchas gracias.

PALABRAS PRONUNCIADAS EL 22 DE MARZO DE 2011, EN LA INAUGURACIÓN DEL FORO “LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. UN ESPACIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS”.

CULTURA DE LA LEGALIDAD, INFORMÁTICA JURÍDICA Y DERECHO INFORMÁTICO



Licenciado José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Licenciado Jorge Moreno Collado, Consejero de la Judicatura Federal, y Representante del Poder Judicial de la Federación.

Licenciado Heriberto Castillo Villanueva, Presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano A. C., Colegio Notarial.

Doctor Elías Huerta, Presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho.

Licenciado Porfirio Hernández Oropeza, Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarias del Estado de Guanajuato, y Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Registral.

Maestro José Castelazo de los Ángeles, Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.

Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos.

Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Director General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional. Muchas gracias por la organización de este evento doctor.

Señoras y Señores, muy buenos días.

La Secretaría de Gobernación recibe, una vez más, a las instituciones públicas de investigación y educación superior que imparten la carrera de Derecho, con la certeza de que llevaremos a cabo un exitoso ejercicio cívico de información, y actualización en la legalidad y sus aspectos en la informática.

Desde el 2003 la Secretaría de Gobernación y sus interlocutores en los tres ordenes de Gobierno y en la sociedad civil, organizan este encuentro, con distintos enfoques para intercambiar puntos de vista y experiencias académicas, profesionales e institucionales.

Con esto, los organizadores nos hemos propuesto divulgar entre estudiantes, profesores, servidores públicos y especialitas, novedosas perspectivas que han enriquecido, sin duda, sus conocimientos y conceptos propios sobre estos temas en sus respectivos campos de acción.

Se trata de un evento académico que destaca por la calidad y competencia de sus expositores; que reúne a lo más destacados especialistas en sus temas y que cada año tiene mayor presencia en lo jurídico, académico e institucional de nuestro país.

Construir la legalidad y una cultura que la incorpore a la forma de vida de nuestra sociedad, no es una tarea sencilla si partimos de un medio social difícil y, en ocasiones, desalentador.

No es desconocido para nadie que la tarea resulta muy compleja y que la solución debe ser multidisciplinaria, como multifactorial es la actual circunstancia en la que nos encontramos como país. Los juristas tenemos el papel de inculcar, con ejemplo de vida, la confianza en la ley y buscar los espacios para su fortalecimiento.

El servicio público y los propósitos que tiene como encarnación del Estado, obligan a quienes somos parte del mismo, a trabajar más intensamente, pues nuestro esfuerzo debe redundar en beneficio de la colectividad. Es un esfuerzo que se traduce en bienes y servicios, a veces fundamentales para la vida y el bienestar de las personas. Por ello, revista un carácter de responsabilidad único, al que se debe de corresponder con probidad, vocación de servicio y apego a la legalidad.

La garantía de legalidad que el orden Jurídico exige para todo acto de Gobierno, empieza por la convicción del propio servidor público en lo trascendental de sus funciones, la ética y la confianza ciudadana son los dos pilares en lo que descansan la viabilidad de nuestro Estado democrático de derecho, y el funcionamiento regular de sus instituciones.

La Constitución, las leyes y las demás disposiciones establecen un orden jurídico que aseguran una convivencia pacífica en la que los mexicanos tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades a plenitud. Depende de cada uno la utilidad y el destino que da a ellas, pero corresponde al Estado y a la sociedad, conjuntamente, generar los medios para su máxima utilidad y beneficio individual y social.

La educación es el más poderosos medio para inculcar un sentido de pertenencia y de identidad con los valores y propósitos compartidos que nos caracterizan, y que dan propósitos definidos a nuestra trayectoria como Nación.

Este año conmemoramos importantes acontecimientos históricos que han contribuidota a formarnos como el actual país que somos, y debemos ser conscientes que es el momento de concretar el pasado en un porvenir que sea posible. Tal es el reto que enfrontamos, y si bien las opciones que nos plantean los tiempos actuales parecieran confundirnos, tenemos la firmeza en nuestras convicciones y la unidad en torno al objetivo común que es México.
Estudiar y comprender la legalidad y su trascendencia para el logro de los fines del Estado, es ahora un requisito básico para el diálogo nacional, del que debe derivar el gran pacto entre los mexicanos de esta generación.

La institucionalidad que construimos tiene su apoyo más firme en la legalidad, pues sólo en la ley puede una sociedad tener su más segura base para forjar un sistema de vida incluyente, tolerante y con espacios adecuados a las realidades y retos del Siglo XXI.

Acercarse a la legalidad y a sus más recientes expresiones, vertientes y ámbitos, es así, tan decisivo para la democracia de una sociedad, como la participación en los procesos políticos o el interés informado en la vida pública del país.

La experiencia en los ámbitos nacional y local, así como la educativa y de la investigación tendrá un efecto de universalidad en las ideas y dan a este evento la riqueza que sólo la pluralidad en las opiniones puede dar.

La Secretaria de Gobernación, a través de las áreas que participamos en este encuentro, agradecemos a todos ustedes su participación y reiteramos nuestro interés en trabajar para que los resultados del mismo se difundan con la mayor amplitud y provecho para nuestro país.

Los diversos tópicos que se tratarán en las conferencias magistrales y paneles, han sido considerados a partir de la importancia que tienen para los diversos procesos jurídicos e informáticos, que en la actualidad se manifiestan en nuestro medio jurídico e informático- jurídico.

Confiamos en que sean de interés para todos los asistentes, y las altas calificaciones profesionales de los expositores invitados son una garantía de ello.

Señor Secretario.

Señores miembros del presídium.

Señoras y Señores:

Una vez más nos reunimos para trabajar por México en este espacio de discusión y análisis, que estamos seguros será un interesante aportación para nuestro orden jurídico nacional y la cultura de la legalidad que juntos nos proponemos consolidar.

Muchas gracias.

Palabras pronunciadas el 28 de octubre de 2010, durante la inauguración del Segundo Congreso Nacional "CULTURA DE LA LEGALIDAD, INFORMÁTICA JURÍDICA Y DERECHO INFORMÁTICO”, convocado por la SEGOB.