Dinamitar los cimientos

Las autoridades perredistas del Distrito Federal se han propuesto dinamitar los cimientos de la estructura social. Allí van, paso a pasito, minando los fundamentos de una sociedad justa y ordenada.

Al cúmulo de aberraciones que nos han impuesto, ahora tenemos que sumar la ocurrencia absurda del “divorcio por capricho”. Conforme a las reformas al Código Civil para el Distrito Federal, en vigor a partir del 4 de octubre de 2008, la única causal para la disolución del vínculo es “la voluntad de no querer continuar con el matrimonio” de cualquiera de los cónyuges. Es decir, basta con un simple antojo.

Los legisladores del PRD y otros que sirvieron de comparsa para aprobar esta sandez, 36 en total, rehuyeron el debate jurídico. No atendieron a los más elementales razonamientos que se plantearon por los diputados que se oponían a la estupidez.

Su único argumento consistía en alegar que debemos ser “concientes de la realidad”. Pedían reconocer que hay muchos que quieren divorciarse y que recurren al fraude procesal para lograrlo. Así, para evitar que las partes hicieran trampa en sus juicios, decidieron que era mejor quitar las reglas. Nadie podrá hacer chapuza, sin no hay preceptos que violar o requisitos que cumplir. ¿No era mejor aclarar las normas o poner mejores árbitros?

El actuar de estos legisladores se traduce en la capitulación del Estado en su lucha por ordenar a la sociedad. Es la salida falsa de aceptar y legalizar las deficiencias, en lugar de buscar opciones para corregirlas.

Con la lógica del gobierno del Distrito Federal no hay seguridad jurídica para nadie. Si bajo cualquier pretexto consideras que un hijo te estorba, los perredistas legislan para que puedas matarlo. Si te molesta ver a tu esposa despeinda por las mañanas, ya cuentas con diputados que te aprueban leyes para que la mandes a volar.

El “divorcio por capricho” no solo atenta contra la institución de la familia como célula básica de la sociedad. Va en contra de los principios fundamentales del derecho. Lesiona la tesis del “pacta sunt servanda”, puesto que ya nadie está obligado a cumplir sus compromisos, aún y cuando esté en posibilidad de hacerlo. Así, basta la voluntad unilateral para deshacer cualquier acuerdo. Ahora, ni siquiera puedes confiar en el papelito.

En el Distrito Federal, el matrimonio no tiene defensa. Durante el proceso no hay posibilidad de argumentar a favor del vínculo. En sentido estricto no hay un juicio. Además, la legislación es expresa en señalar que la declaración de la disolución del vínculo matrimonial es inapelable.

Disparatadas paradojas. Los que se dicen protectores de los desamparados promueven la ley de la selva; en la que siempre gana el más fuerte, el más poderoso, el más rico. Tristemente seremos testigos de los abusos que se cometerán, principalmente, en perjuicio de mujeres y niños.

Es hora de marcar un alto. Los ciudadanos en el Distrito Federal debemos organizarnos para detener el avance del deterioro social. Trabajar para levantar el tiradero que estos irresponsables están dejando.