Derechos Humanos para todas y todos

México, D.F., 26 de septiembre de 2011.

Señoras y Señores Ministros integrantes de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Atendiendo a lo dispuesto por el primero de los artículos de nuestra Constitución Política, que nos impone la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, me veo en la necesidad y urgencia de acudir a ustedes, en lo personal y como servidor público, para manifestar mi profunda preocupación en torno al contenido de los proyectos propuestos por el Ministro José Fernando Franco González Salas para resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009, mismas que pronto habrán de ser discutidas en el Pleno del alto órgano jurisdiccional que ustedes integran.

Estoy convencido que el Estado Mexicano debe apostar por una ampliación plena de la vigencia de los derechos humanos. El manto protector debe extenderse lo más posible para proteger a todas y todos. No es la primera vez, y tampoco será la última, que se debate respecto a estos límites.

En el siglo XVI, había quienes tenían argumentos para negar a los nativos americanos sus derechos elementales, por considerarlos inferiores. En los debates de la Junta de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria marcaron la ruta a los defensores de los derechos humanos. Aunque el tema no quedó plenamente resuelto en aquellas reuniones de 1550 y 1551, ahora nadie pone en duda, al menos en el discurso, los derechos de los indígenas.

Las discusiones respecto a la esclavitud nos han llevado a considerar el valor del ser humano y a que en nuestros tiempos, la comunidad internacional la reconozca como un crimen de lesa humanidad. La discusión no ha sido fácil. Siempre hubo quienes tuvieron argumentos para sostener el dominio de una persona sobre otra. Aún hoy, tenemos a quienes justifican la trata de personas.

Las luchas a favor de los derechos civiles y políticos, particularmente las que se realizaron contra el apartheid en Sudáfrica y Namibia, así como las encabezadas por Martin Luther King en los Estados Unidos de América, nos muestran hasta donde puede llegar el desprecio por la dignidad humana en situaciones que ahora consideramos absurdas, pero que en su momento fueron férreamente sostenidas en los debates jurídicos y políticos.

La sumisión de las mujeres respecto a los hombres ha quedado plasmada en diversas disposiciones jurídicas. Ejemplos tenemos muchos. En México, fue hasta 1953 que se les reconoció el derecho a votar y ser votadas. Diversas legislaciones civiles limitaban la disposición plena de sus derechos y con frecuencia, se requería del consentimiento del hombre de la familia. Este es un tema en el que se ha avanzado, y se debe seguir avanzando.

Ahora, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, pronunciarse respecto al alcance de la protección de los derechos humanos y definir con claridad si reconoce los derechos de los seres humanos no nacidos, o si se inclina por restringirlos, o de plano negarlos.

El Estado mexicano debe seguir una clara política de ampliación de derechos. Así nos lo pide el artículo primero de la Constitución, cuando establece que todas las autoridades, todas, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está incluida, debemos interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En los razonamientos del proyecto planteado por el Ministro Franco González Salas se afirma que nuestra Constitución Federal equipara los vocablos "persona", "individuo" y "ser humano". Considero que esa primera conclusión es correcta.

No obstante lo anterior, el proyecto del Ministro Franco hace malabares argumentativos para intentar concluir que los niños y niñas que se encuentran en el vientre de sus madres, no son seres humanos.

Son seres humanos los ancianos. Son seres humanos las personas maduras. Son seres humanos los jóvenes. Son seres humanos los adolescentes. Son seres humanos los niños en edad escolar y preescolar. Son seres humanos los recién nacidos. Son seres humanos los niños que completaron su periodo de gestación y están a punto de nacer. Son seres humanos los pequeños que están en el periodo de embarazo de sus madres. Son seres humanos los fetos humanos. Es un ser humano la mórula humana y por supuesto, es ser humano el cigoto humano. ¡No puede ser de otra manera!

Se es o no se es. Aquí no hay duda, estamos hablando de un ser, y ese ser, es un ser humano, que posee una dignidad intrínseca y que es sujeto de derechos. De derechos humanos.

Nuestra Constitución reconoce los derechos de los seres humanos y los defiende. Así, las instituciones responsables de garantizar la vigencia de esos derechos, deben defenderlos, y el primero de esos derechos es el de la vida. Sin vida, no se pude gozar de ninguno de los otros derechos.

El principal problema del proyecto que propone el Ministro Franco estriba en la contraposición absoluta de derechos. Cuando existen derechos que se contraponen, el reto está en buscar la mejor forma de hacerlos compatibles, hasta donde sea posible. La opción fácil es anular uno de los derechos en beneficio absoluto del otro. En el caso que nos ocupa, la salida que se propone, se traduce en institucionalizar un "derecho" para matar seres humanos, cuando cualquier persona considere que la vida de un ser humano no nacido se contrapone a sus derechos personales. Y esto, va mucho más allá que el debatido tema del aborto.

Hay un reclamo de la sociedad mexicana para promover todos los derechos para todas y todos. El proyecto planteado, está muy lejos de cumplir con esas expectativas.

Me preocupa también el lenguaje y los conceptos que se manejan en el proyecto. Hay una intención clara de ver a los seres humanos no nacidos como bienes, como si fueran cosas. Me alarma la visión tan reducida que se tiene del concepto de maternidad y la ignorancia absoluta a los derechos y obligaciones que conlleva la paternidad. Me inquieta que se haga un análisis de la normatividad internacional de manera limitada y parcial. México no ha asumido ningún compromiso internacional que lo obligue a establecer políticas públicas para matar seres humanos no nacidos.

Tampoco aprecio en el proyecto propuesto una definición clara respecto al federalismo que queremos. El artículo 124 de nuestra Constitución señala con claridad que la reserva de facultades corresponde a los estados. Las definiciones de persona y sus atributos, corresponden al derecho de los estados. No hay argumentación clara que nos lleve a concluir que ese concepto deba estar definido, con todos sus alcances, en la Constitución Federal.

Además, el proyecto carece de un análisis claro y completo respecto a los alcances de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto de San José. No debemos olvidar, que derivado de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, las disposiciones contenidas en los tratados internacionales, forman parte de la normatividad que protege a los seres humanos.

Poner las condiciones para que un Estado se organice para matar a seres humanos no nacidos e institucionalizar el dominio de los fuertes sobre los débiles, es una invitación a la barbarie.

Siempre habrá pretextos de los fuertes para someter o eliminar a los débiles. Corresponde al Estado proteger a los indefensos. Un Estado democrático de derecho debe ser una herramienta útil para que las mayorías no priven de derechos a las minorías y que el fuerte no abuse del débil.

Un Estado responsable debe optar por el respeto a la vida de todas y todos. Ojalá que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se opte a favor de la vida humana y por seguir ampliando el manto protector de los derechos humanos.

Con la consideración a su alta investidura, me reitero como siempre a sus órdenes.

Felipe de Jesús Zamora Castro.

Nota: Este documento fue entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de septiembre de 2011 y se hizo público, mediante un desplegado, en el periódico El Universal el día 27 del mismo mes y año.