Pedir perdón




Señoras, señores: Antes de comenzar quiero solicitarles a todos ustedes nos pongamos de pie, para guardar un minuto de silencio en honor y memoria de las mujeres víctimas en Ciudad Juárez.

Gracias.



Monseñor Juan José Gerardi, Obispo guatemalteco y defensor de derechos humanos, dijo: “Mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas y sin cicatrizar”.

Fue la búsqueda de la verdad y el afán de justicia lo que provocó que estemos reunidos aquí, el día de hoy.


Las agresiones sistemáticas sufridas por las mujeres, desde hace años, particularmente en esta región del país, es una preocupación constante de toda la sociedad mexicana; es un llamado de atención que debemos atender, y es lo que nos trajo hasta el Campo Algodonero de Ciudad Juárez.


Los feminicidios en Ciudad Juárez son hechos trágicos para todo el Estado Mexicano; lamentamos profundamente las pérdidas que sufrieron las familias y la sociedad.
Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrara Monreal fueron víctimas de la situación generalizada de violencia hacia las mujeres, al igual que muchas otras jóvenes fallecidas.


Sus familiares y personas allegadas también fueron afectados en su integridad psíquica y moral como consecuencia de la desaparición, el desconocimiento de su paradero durante periodos considerables de tiempo, la falta de debida investigación sobre lo ocurrido, así como por el tratamiento que recibieron por parte de las autoridades.
Al momento en que los restos mortales fueron localizados, las autoridades no tomaron las precauciones suficientes para resguardar el lugar y las evidencias materiales de los hechos, lo cual obstaculizó e indujo a errores en las investigaciones iniciales.


Los errores y negligencias en la integración de los expedientes contribuyeron de igual forma al retraso en las indagaciones para encontrar a los responsables de su muerte.


El Estado Mexicano es consciente del sufrimiento que causa a los familiares de las víctimas el hecho de que hasta el momento, no se haya identificado a los responsables de los homicidios de las jóvenes González, Herrera y Ramos.


También, el Estado Mexicano es sabedor de los agravios causados, por el hecho de que al inicio de las investigaciones, los familiares no fueron informados puntualmente de las indagatorias y de las diligencias que las autoridades llevaban a cabo para identificar y ubicar a los responsables.
Está aquí con nosotros la mamá de Merly Elizabeth. También quiero pedirle un disculpa a nombre del Estado.


El Estado Mexicano, consciente de sus obligaciones derivadas de los convenios internacionales suscritos, pero sobre todo de sus deberes con la ciudadanía, asume su responsabilidad ante estos hechos lamentables y se hace cargo del deber de reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las familias y al mismo tiempo trabajar para seguir construyendo una cultura de respeto hacia las mujeres, y a contribuir a que las causas que originaron las agresiones en su contra, en todos los niveles y especialmente las que derivan en feminicidios.


Si bien, sabemos que no hay forma posible de reparación total por los años de lucha, incertidumbre, hostigamiento y zozobra que estas familias han pasado buscando justicia y la verdad de lo que ocurrió con sus hijas, el propósito del Estado Mexicano, en este acto, es ayudar a estas familias a iniciar una nueva etapa de reconstrucción, la cual sólo puede llegar de la mano con la verdad y la transparencia respecto a lo sucedido.


Este acto es el medio por el cual, el Gobierno Mexicano rinde homenaje y dignifica la vida y memoria de Claudia Ivette, Laura Berenice, Esmeralda y de todas las víctimas de feminicidio, reconociendo sus errores como Estado y ratificando el compromiso de que continuará avanzando hacia la rectificación de dichos errores. En noviembre de 2001 fueron encontrados, en este lugar, las jóvenes que hoy honramos. Durante estos 10 años, y aun antes, el Estado en su conjunto, ha incurrido en diversas violaciones de derechos humanos. Es por ello que, el día de hoy, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, el Estado Mexicano reconoce su responsabilidad:

* Por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos en la Convención Americana, en relación con la obligación general de garantía en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal.
Por el incumplimiento de su deber de investigar y, con ello, el de su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagradas en la Convención Americana en relación con la Convención Belem do Pará, violando además los derechos de acceso a la justicia y protección judicial.


* Por la violación al deber de no discriminación contenido en la Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal.


* Por la violación a los derechos del niño en perjuicio de las jovencitas Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.


* Por las violaciones al derecho de la integridad personal y por los actos de hostigamiento que sufrieron los familiares de las víctimas.


* Por las irregularidades presentes en las primeras etapas de las investigaciones de los delitos y aquellas que en la segunda etapa no se subsanaron debidamente y que redundaron en impunidad a favor de quienes perpetraron los delitos que dieron origen a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El Estado Mexicano reconoce que, derivado de las irregularidades antes referidas, se afectó la integridad psíquica y dignidad de los familiares de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.


Es por todo esto que reconocemos la responsabilidad por todos esos actos y omisiones, que nunca debieron tener lugar, porque fueron actos de violencia, discriminación e irresponsabilidad del Estado Mexicano en su conjunto, cuya consecuencia fueron la pérdida de vidas humanas y la devastación de familias enteras. Por ello, ¡pedimos perdón!


Tenemos la obligación de investigar estos delitos y no nos referimos sólo a los feminicidios, sino también a las inconsistencias, errores y actos de negligencia cometidos por los servidores públicos a cargo de las investigaciones. Asimismo, debemos llevar a cabo, y de hecho ya iniciamos, las acciones necesarias para que actos deleznables, como los que ahora conmemoramos, no vuelvan a suceder. Desde la prevención del delito, la educación con enfoque de respeto a las mujeres y a los derechos humanos, hasta la capacitación de todas las autoridades involucradas en la procuración y administración de justicia para atender debidamente casos como los que hoy nos convocan.


En este acto, también reconocemos la labor incansable de los familiares de las víctimas, sus abogados y las organizaciones que los acompañaron durante este proceso de búsqueda de justicia, porque nunca han cejado en su empeño, acudiendo a las instituciones, nacional e internacionales, hasta ser escuchados en sus justas demandas.


Consideramos que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una herramienta sumamente útil, que orienta a los gobiernos y a la sociedad en general, respecto a las acciones necesarias para atender debidamente a las víctimas de feminicidios y de los delitos en general. El precedente establecido, debe ser materia de estudio en todas las escuelas de derecho de nuestro país.


Señoras y señores, la realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común.


El poder debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del Derecho, no sólo contra las trasgresiones de los particulares, sino particularmente contra toda desviación o abuso del poder.


Señoras, señores: Hagamos todo lo necesario para que, honrar la memoria de Esmeralda, Laura Berenice, Claudia Ivette y de todas las mujeres que fallecieron en Juárez, se traduzca en beneficio de las mujeres de nuestro México y de toda la América.




Discurso pronunciado el 7 de noviembre de 2011 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado en cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Campo Algodonero contra México".

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